Un grupo de 26 alcaldes
socialistas de Castellón y el alcalde independiente de Les Coves protagonizaron
ayer un encierro en la sede del Consell para denunciar que el Gobierno
Valenciano debe 200 millones a los 135 Consistorios de toda la provincia.
La situación de
asfixia y la intuición de que no van a cobrar, al menos en el corto plazo, les
llevaron ayer a protagonizar este encierro y reclamar un calendario de pagos.
¿QUÉ MÁS TENEMOS QUE HACER
PARA COBRAR LO QUE NOS DEBE A LOS AYUNTAMIENTOS, SEÑOR FABRA?
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| CASTELLNOVO 450.000 € |
Con esta acción, los
alcaldes querían denunciar unos impagos que están provocando graves problemas a
los Ayuntamientos. Sobre todo a los más pequeños.
No podemos olvidar el
grave daño que está produciendo estos impagos a los Ayuntamientos así como a los
colectivos y personas que sufren de forma personal esta situación , Como los
alumnos de Talleres de Empleo que en nuestro pueblo llevan muchos meses sin
cobrar.
Por todo ello los alcaldes tuvieron que
llevar a cabo esta acción de protagonizar este encierro y reclamar un
calendario de pagos mantenían su protesta a pesar de que la Policía Autonómica
les avisó de que si no se iban les abrirían una denuncia ante el juzgado con la
que se enfrentarían a una sanción económica y a un arresto domiciliario. Pese a
ello optaron por quedarse.
. “Nosotros optamos por quedarnos en
nuestra condición de alcaldes”, decía Adolf Sanmartín, alcalde de Cervera y vicesecretario provincial del PSPV-PSOE.
Señor Fabra: ¿que más tenemos que hacer para que pague a los ayuntamientos lo que nos debe? Con esta contundencia, Sanmartín, en nombre de los alcaldes socialistas encerrados en la Casa dels caragols, daba por concluida la la movilización con la clara advertencia de que "esto no es más que el principio de lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir algo tan básico a los municipios y que, en definitiva, debe a todos y cada uno de sus vecinos.
El estrangulamiento económico de la deuda se va a ver agravada a partir de este año, ya que habrá que empezar a pagar los intereses que se provocaron cuando se obligó a los ayuntamientos a acogerse al plan de pagos a proveedores para pagar unas obras realizadas en los municipios con presupuesto autonómico que no se pagado.
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