Aunque suene a contradicción, el Plan Confianza no despierta ese sentimiento en algunos ayuntamientos de la provincia Castelló. El Consell ha obligado en muchos casos a los municipios a que sean ellos los que contraten directamente con las empresas las obras del plan, financiadas con dinero de la Generalitat. El problema es que, en caso de impago o retraso en las transferencias, el responsable ante la empresa es el ayuntamiento y no la Generalitat. De ahí que algunos consistorios hayan decidido aplazar la ejecución de sus proyectos y exijan garantías legales.La Generalitat delega a los ayuntamientos la tramitación de los proyectos. Varios consistorios de la provincia rechazan esta fórmula porque les deja como responsables ante las empresas contratistas en caso de impago
El Plan Confianza o Plan Camps es la herramienta impulsada por el gobierno autonómico para hacer frente a la situación económica actual. A imagen y semejanza del Plan E o Plan Zapatero, incluye un programa de apoyo a los ayuntamientos, a través de la financiación de sus proyectos. En el caso de Castelló, prevé 120 millones para costear 287 obras en los 135 municipios de la provincia.
La Generalitat emplea dos sistemas a la hora de impulsar las actuaciones del Plan Confianza: bien es la propia administración autonómica la que licita, adjudica y certifica la obra; bien delega en el ayuntamiento la contratación del proyecto y luego le remite el dinero. La diferencia entre un sistema y otro es que, en el primer caso, el responsable ante la empresa adjudicataria es la Generalitat , mientras que en el segundo es el ayuntamiento. Y aquí es donde surge la controversia.Que contrate la Generalitat
Algunos municipios castellonense han rechazado la opción de la delegación de obras y exigen a la Generalitat que asuma todo el proceso administrativo. Fue el caso de Onda, que renunció a la delegación del proyecto de adecuación del antiguo conservatorio. El consistorio basó su decisión en el informe del secretario municipal, que consideró necesario que la Conselleria de Economía aclare «cómo se puede articular legalmente el hecho de que el ayuntamiento contrate la obra y la Generalitat reconozca las obligaciones y pague las certificaciones de obra».
El equipo de gobierno de les Coves de Vinromà ha decidido congelar la ejecución de sus dos proyectos del Plan Confianza: un cambio de alumbrado y la urbanización de una calle . Según el concejal de Urbanismo, Gustau Viol, «no vamos a mover ni un dedo hasta que la Generalitat no emita una orden que regule la financiación de las obras del plan». «No podemos embarcarnos en dos proyectos sin que nos den garantías de cómo y cuándo recibiremos las transferencias».
Una situación similar relata el alcalde de Castellnovo, Jorge Picó. El primer edil manifestó la «preocupación de muchos municipios, sobre todo de los más pequeños, porque la Generalitat nos obliga a contratar los proyectos». «Un ayuntamiento como el de Castellnovo no puede adjudicar una obra de 200.000 euros sin saber cómo y cuando vamos a cobrar. Si la empresa nos llevara al juzgado por impago no tendríamos nada que hacer, por mucho que alegáramos que la Generalitat es la que ha de aportar el capital. Lo que tiene que hacer el Consell es asumir el proyecto, como ha hecho en los grandes municipios».
Fuente: Levante del 17-12-2009 (Jordi Ruiz )
Fuente: Levante del 17-12-2009 (Jordi Ruiz )
No hay comentarios:
Publicar un comentario