domingo, 5 de octubre de 2014

SANCIÓN A LA ALCALDESA DE CASTELLNOVO





La Junta Electoral de zona de Segorbe ha establecido una sanción de 450 euros para la alcaldesa de Castellnovo, Teresa Gonzalvo, por impedir que se celebraran dos actos de campaña electoral en el Edificio de Usos Múltiples de la localidad, según ha informado el PSPV en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, con motivo de las elecciones europeas, cuando la Junta Electoral de Zona de Segorbe concedió autorización para que el PSPV celebrase dos mítines en el Edificio de Usos Múltiples de Castellnovo.

"Una autorización que fue notificada al Ayuntamiento pero  no pudieron celebrarse ninguno de los dos actos previstos porque el local se encontraba cerrado", según ha apuntado el PSPV, que ha añadido que la Junta considera que "los hechos son constitutivos de infracción electoral" y que " la alcaldesa incumplió la obligación de reservar el local municipal adjudicado a una formación política".

Cabe recordar que siempre que se han realizado mítines electorales de todos los partidos políticos, que han sido solicitados y autorizados por  Junta Electoral, el alcalde siempre  ha enviado al Alguacil Municipal, como funcionario con carácter de autoridad y debidamente uniformado, tanto para la apertura y cierre del local, como para el mantenimiento del orden público. Algo que se venía haciendo incluso con el anterior Alguacil, desde el inicio de la democracia.

A pesar de ello y de la sanción de la Junta Electoral, la alcaldesa, que ante el juez intentó negar que existiera un Alguacil Municipal, pretende ahora justificar su incapacidad, diciendo que no envió al Alguacil para no tener que pagarle horas extra. Esto resulta tan ridículo como que recientemente todos hemos visto que ha estado pagando un sueldo íntegro, a otra persona para que realice las funciones del Alguacil Municipal, mientras el propio Alguacil estaba destinado a la brigada de obras. Algo que además de no ser legal, también es un despilfarro de recursos humanos.



Por supuesto que  el Alguacil, tal y como garantiza y  reconoce la propia Constitución Española de 1978, y el Estatuto de los Trabajadores, tiene derecho a ser militante o simpatizante de lo que el crea oportuno, pues forma parte de los derechos y libertades de la persona y no tiene que dar ninguna explicación a nadie. Ya solo faltaría que eso también tuviera que autorizarlo la alcaldesa, como ella parece pensar.

Las represalias que Teresa Gonzalvo ha adoptado contra el Alguacil Municipal, además de ser  ilegales solo se pueden entender en el contexto de una persona que carece de todo sentido democrático y no respeta a quien no piensa como ella. Llegando incluso hasta el abuso de poder con quienes, por su situación están bajo su jerarquía y cree que porque tiene el poder puede abusar de la situación, sin responder ante nadie. Pero en democracia no es así y ahora con esta sanción hasta la Junta Electoral le reprocha su mala conducta.

También dice la alcaldesa: "esto ha sido una encerrona que se enmarca dentro de la campaña de persecución contra mi persona". Su torpeza ni siquiera le permite darse  cuenta que fue ella misma quién cometió la misma irregularidad en dos ocasiones. 

 Más aun si tenemos en cuenta que la segunda vez ya había sido advertida y que la propia Junta reconoce, que como alcaldesa tiene la obligación de facilitar la realización de los actos electorales, que durante la campaña electoral, autoriza la propia Junta electoral de Zona. Sin embargo su actuación fue precisamente la de obstaculizar estos actos, y por eso  ha sido sancionada por infringir la ley electoral. Algo que jamás había ocurrido con ningún alcalde.

El secretario de Acción Electoral de la Ejecutiva Provincial del PSPV, Ernest Blanch, ha lamentado las prácticas "a las que nos tiene acostumbrado el PP en la provincia de Castellón, siempre haciendo trampas y saltándose la ley".

En Castellnovo, esta alcaldesa siempre se ha caracterizado por el desprecio a los concejales de la oposición, las malas formas de la alcaldesa  incluso en los plenos del ayuntamiento, la expulsión del despacho del Grupo Socialista en el ayuntamiento, la falta de información a la oposición y hasta negándonos el uso del local o la obligación de cobrar a los partidos políticos por el uso del salón cultural, cuando todas las asociaciones pueden disponer gratuitamente del mismo. Estos son solo  algunos ejemplos de un comportamiento más propio de un régimen dictatorial.

Blanch ha afirmado que lo sucedido "es una falta de respeto por la democracia  y ha reprochado "el abuso de poder por parte de la alcaldesa de Castellnovo, que no ha respetado los derechos políticos de sus ciudadanos".